Las empresas de medicina prepaga se presentaron ante la Justicia para pedir el dictado de una medida cautelar autónoma que habilite un aumento del 9,77 por ciento en sus cuotas. La presentación se radicó ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y fue firmada por abogados de 15 empresas, entre ellas OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Omint y Hospital Italiano.
Esta presentación ocurre en medio de la discusión por integrar los tres sistemas de salud vigentes en el país, que volvió al centro de la escena esta semana tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego de la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
El 9,77 por ciento, explicaron las compañías, se obtuvo de sumar dos variables. «Un 3,59 por ciento que es la diferencia entre lo autorizado por las sucesivas resoluciones (que totaliza 25,52 por ciento) y el 30 por ciento reconocido en el informe técnico de octubre de 2020 elaborado por los cuadros técnicos de la SSS» (Superintendencia de Servicios de Salud) y «un 6,18 por ciento que es el mayor costo resultante de la negociación paritaria (cláusula de revisión)».
En la presentación de este miércoles, las empresas pidieron que el aumento «sea autorizado (i) de manera interina; (ii) mientras dure el proceso administrativo y/o judicial; (iii) con carácter provisional; y (iv) a cuenta del futuro aumento que corresponderá otorgar conforme lo que resulte de la resolución del reclamo impropio interpuesto y el aumento adicional solicitado», al tiempo que advirtieron sobre una «indiscutible urgencia o peligro en la demora».
«Nuestro pedido pudo haber sido más ambicioso, pero lo hemos limitado para que su viabilidad o procedencia resulten indiscutibles», concluyeron.
Presiones
Si bien las posiciones dentro de los sindicatos y de las prepagas no son uniformes, ambos sectores están concentrados en que sus cajas no se vean afectadas. En conferencia de prensa, el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, había adelantado el posicionamiento que tomarían las prepagas. Afirmó que se tienen que ajustar las tarifas en proporción al incremento de los costos y anticipó que recurrirían «a la vía judicial para subir las cuotas a los afiliados».
Según Belocopitt, el Gobierno quiere estatizar el sistema. “La estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso, las autoridades elevan un proyecto al Congreso y se debate de cara a la sociedad, como se hizo con las AFJP. Pero si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero lo desfinanciaría, lo pondría de rodillas y sobre los escombros y la ruina de la salud de millones de argentinos, diría que se sería necesario estatizar bajo el argumento de que el sistema no puede cumplir con sus obligaciones”, sostuvo.
Sin embargo, fuentes de la provincia de Buenos Aires que están trabajando en el tema aseguraron a Página/12 que «no se trata de estatizar nada» sino «de integrar para reducir costos».
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, había retomado los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la necesidad de avanzar en «unificar el sistema de salud» entre las prepagas, las obras sociales y el sector público en Argentina, y aseguró que hay conversaciones permanentes sobre ese tema entre los distintos subsectores.